Contrainforme: Los datos incómodos que Sheinbaum "olvidó" mencionar

 

Por: Armando Guzmán Á.

Sí, una vez más. Cualquier pretexto parece ser bueno para los personajes de la 4T para movilizar a su base social y llenar, como ya es costumbre, las plazas públicas más importantes del país. El patrón se repite: simpatizantes, beneficiarios de programas sociales, militantes, fanáticos (que rayan lo religioso) y acarreados acuden a estos actos multitudinarios de un movimiento que se asume como la encarnación más pura del pueblo de México. Estos eventos requieren muchos recursos económicos para realizarse desde rentar camiones, hasta comprar tortas.

Ya han transcurrido dos años desde que, el 2 de junio de 2024, Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta de México con casi 36 millones de votos. Indiscutiblemente, una paliza electoral para los partidos de oposición, que, sumados, obtuvieron aproximadamente 28 millones de sufragios. Aquella elección representó el refrendo mayoritario al proyecto político impulsado por Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo 31 de mayo, el mitin para celebrar los dos años de su triunfo y una supuesta “rendición de cuentas” se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución. Resulta curioso que el acto no se realizara en la Plaza de la Constitución, cedida temporalmente a la FIFA para diversos eventos relacionados con la próxima Copa Mundial de Futbol,  un organismo deportivo extranjero utilizando el principal espacio público del país: vaya paradoja para un gobierno que presume la defensa irrestricta de la soberanía nacional.

Sin embargo, más allá de la capacidad de movilización política del oficialismo y del simbolismo de estos eventos multitudinarios, resulta pertinente analizar qué tanto coinciden los mensajes gubernamentales con la realidad que muestran diversos indicadores nacionales. Porque, si bien toda administración tiene derecho a destacar sus logros, también tiene la obligación de rendir cuentas sobre sus pendientes, errores y fracasos.

No hubo ninguna innovación en el acto. Sheinbaum reprodujo prácticamente el mismo estilo de discurso al que López Obrador acostumbró al país durante su sexenio. Vale recordar que el expresidente realizaba un informe constitucional anual y varios informes políticos adicionales ligados a fechas emblemáticas para su movimiento. La fórmula sigue siendo la misma: largas retahílas, demagogia, populismo, datos rimbombantes, verdades a medias y una insistente exaltación de la supuesta grandeza de la llamada Cuarta Transformación.

La narrativa oficial continúa girando alrededor de los mismos ejes: la transformación histórica del país, el combate al neoliberalismo y la corrupción, el principio de “primero los pobres”, los programas sociales, la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento del Estado —que con frecuencia parece más una reivindicación del centralismo y el presidencialismo— y la permanente confrontación entre el pueblo y sus supuestos adversarios: empresarios, organizaciones civiles, críticos del gobierno, conservadores, neoliberales, periodistas, extranjeros o integrantes del antiguo régimen.

Como era de esperarse, el discurso omitió los datos más incómodos para el gobierno. Después de todo, se trató de un acto esencialmente propagandístico, diseñado para presentar los llamados “datos alegres” y justificar el desempeño de la administración federal.

Los temas centrales fueron la consolidación de la Cuarta Transformación, el bienestar social, el crecimiento económico, la austeridad gubernamental, la inversión en infraestructura y la defensa de la soberanía nacional. En buena medida, el mensaje estuvo marcado por los elementos que han caracterizado la narrativa oficial durante los últimos años: apelaciones emocionales, simplificaciones de problemas complejos y una constante exaltación de los logros gubernamentales.

Entre los datos presentados por Sheinbaum hubo verdades, verdades a medias y también francas mentiras. Suficiente difusión han recibido ya los supuestos logros expuestos durante el evento. Corresponde ahora revisar los datos incómodos y relevantes que la presidenta decidió no mencionar y que, sin duda, dibujan un panorama mucho menos optimista para el país.

Para comprender el contraste entre el discurso oficial y la realidad nacional, conviene revisar algunos de los principales indicadores económicos, institucionales y sociales.

La economía mexicana prácticamente se encuentra estancada. Durante 2025, el Producto Interno Bruto creció apenas 0.8 %, una cifra incluso menor al ya modesto 1.5 % registrado en 2024. En el primer trimestre de 2026 el PIB cayó 0.6%. Muy preocupante es la caída de la Inversión Fija Bruta, considerada uno de los principales indicadores de confianza y crecimiento futuro. Esta inversión se contrajo 6.6 % anual en 2025 y continuó disminuyendo durante el primer trimestre de 2026, con caídas estimadas de entre 3.6 % y 4.2 %, reflejando que empresas y gobiernos están invirtiendo cada vez menos en infraestructura, equipos, vehículos, software, maquinaria y capacidad productiva.

Al mismo tiempo, las finanzas públicas muestran señales de tensión. El déficit fiscal cerró 2025 en 4.3 % del PIB, mientras que la deuda pública alcanzó un máximo histórico equivalente al 52.6 % del PIB. Tan solo entre abril de 2025 y abril de 2026, la deuda aumentó en más de 1.15 billones de pesos, alcanzando los 18.68 billones de pesos, un incremento promedio superior a los 3,100 millones de pesos diarios. Esto implica que el país está recurriendo cada vez más al endeudamiento mientras su capacidad de crecimiento se debilita.

A esta situación se suma una medida que contradice parte del discurso oficial sobre el fortalecimiento del Estado y la inversión pública. En 2026, el Gobierno Federal implementó un recorte preventivo al gasto aprobado por 100 mil 100 millones de pesos. Aunque desde la administración federal se presentó como un ajuste necesario para preservar la estabilidad de las finanzas públicas, la reducción del gasto tiene efectos directos sobre la población. Menos recursos públicos suelen traducirse en menor inversión en infraestructura, mantenimiento de carreteras, hospitales, escuelas, programas de atención social, seguridad pública y servicios gubernamentales. En un contexto de crecimiento económico débil, caída de la inversión privada y deterioro de diversos servicios públicos, estos recortes profundizan las dificultades que enfrentan millones de mexicanos.

A ello se suma el deterioro del poder adquisitivo de millones de familias mexicanas. Aunque el gobierno federal suele destacar la estabilidad de ciertos indicadores económicos, la realidad que enfrentan los consumidores refleja una presión constante sobre los precios de bienes esenciales. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sostiene que el costo de la canasta básica ronda los 910 pesos por familia. Sin embargo, estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) presentan un panorama considerablemente distinto. De acuerdo con esta organización, el costo real de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes asciende a 2 mil 121.60 pesos.

La diferencia entre ambas mediciones evidencia el debate sobre el verdadero impacto de la inflación en los hogares mexicanos. Más allá de las cifras oficiales, millones de familias continúan enfrentando incrementos en alimentos, productos de higiene, transporte y servicios básicos, reduciendo su capacidad de consumo y afectando su calidad de vida.

Pero los desafíos no se limitan al terreno económico. A la desaceleración productiva y al aumento del endeudamiento se suman problemas estructurales que afectan directamente la confianza ciudadana y el funcionamiento de las instituciones.

México fue ubicado por Transparencia Internacional en el lugar 141 de 181 países en percepción de corrupción, con apenas 27 puntos sobre 100. Paralelamente, el INEGI reportó que 84.1 % de los ciudadanos percibe corrupción en la entidad donde vive. La desconfianza hacia las instituciones se profundiza cuando se observa el estado de la justicia. De acuerdo con los más recientes datos disponibles de México Evalúa, el rezago en las fiscalías se duplicó entre 2019 y 2024, pasando de 1.3 millones a 2.6 millones de expedientes pendientes, mientras que más del 89 % de los delitos permanecen impunes. En 2026, solo siete de cada cien delitos son denunciados, en gran medida por la falta de confianza en las autoridades.

Esta debilidad institucional tiene consecuencias directas en uno de los temas que más preocupan a la población: la seguridad pública.

Aunque el gobierno federal y las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sostienen que los homicidios diarios disminuyeron de 73.6 a 51.9 por día entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano y México Evalúa advierten que esta aparente mejora podría estar ocultando una transformación de la violencia. Según estas organizaciones, existe una reclasificación de delitos y una creciente utilización de categorías como “desapariciones” u “otros delitos que atentan contra la vida”, lo que dificulta una lectura clara de la evolución real de la criminalidad.

Mientras los homicidios disminuyen en las estadísticas oficiales, las desapariciones continúan aumentando. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se reportaron 14,791 desapariciones, un incremento de 17.2 % respecto al periodo anterior. Asimismo, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 26,926 desapariciones, una cifra alarmante que refleja la magnitud de esta crisis humanitaria.

La crisis de desapariciones ha alcanzado dimensiones históricas. México acumula más de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas desde 2006, además de aproximadamente 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses. Organizaciones civiles y organismos internacionales, incluida la ONU, han advertido que el fenómeno afecta cada vez más a adolescentes, jóvenes y mujeres. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó incrementos cercanos al 30 % en las desapariciones de menores de edad, incluidos niños de entre cero y siete años, lo que evidencia que la violencia está alcanzando a sectores cada vez más vulnerables de la población.

El Instituto para la Economía y la Paz estima que la violencia genera pérdidas equivalentes a 4.5 billones de pesos, es decir, 12.4 % del PIB nacional, una cantidad superior al presupuesto combinado de varias secretarías federales. En estados como Sinaloa, la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa dejó 1,480 homicidios entre enero y octubre de 2025, perfilando ese año como uno de los más violentos para la entidad en décadas.

A la crisis de violencia se agregan deficiencias persistentes en áreas fundamentales para el bienestar de la población. Entre ellas destaca el sistema de salud, uno de los sectores donde las promesas de transformación enfrentan mayores cuestionamientos.

El sistema de salud tampoco presenta cifras “alegres”. Una encuesta de México Elige reveló que 73.6 % de los mexicanos percibe desabasto de medicamentos, mientras que 58.7 % afirmó haber tenido dificultades para obtener los tratamientos necesarios. Entre junio y diciembre de 2025 dejaron de entregarse 287.8 millones de medicamentos e insumos médicos, equivalentes al 25.7 % de lo programado. El IMSS reportó que más de 241 millones de piezas médicas no llegaron a los centros de salud y que, en algunos meses, los insumos incumplidos superaron los 50 millones de unidades.

Para millones de pacientes, esto significa retrasos en tratamientos, interrupción de terapias, gastos adicionales para adquirir medicamentos por cuenta propia o, en muchos casos, poner en riesgo su propia vida. Esta situación ha provocado un creciente descontento social y múltiples manifestaciones, particularmente de padres de niños con enfermedades graves.

Las dificultades no terminan en el acceso a la atención médica. También se reflejan en el ámbito laboral, donde el insuficiente crecimiento económico comienza a traducirse en empleos más precarios y un menor dinamismo empresarial.

En el mercado laboral, las cifras tampoco son alentadoras. A mayo de 2026, mientras la informalidad aumentó en 583 mil personas, el empleo formal disminuyó en más de 31 mil trabajadores. Actualmente, el 54.8 % de la población ocupada trabaja en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores carece de estabilidad laboral, acceso pleno a la seguridad social y prestaciones adecuadas.

Además, 22.2 millones de personas, equivalentes al 36.7 % de los ocupados, laboran en condiciones consideradas críticas debido a sus bajos ingresos o extensas jornadas laborales.

El debilitamiento de la actividad económica también se refleja en la disminución del número de empresas. En enero de 2026 existían 25,992 patrones menos registrados ante el IMSS que un año antes, lo que sugiere dificultades crecientes para la creación, permanencia y expansión de negocios formales.

Estas condiciones laborales no solo afectan el presente económico de millones de familias; también condicionan las oportunidades futuras de desarrollo. En ese contexto, la situación educativa adquiere una relevancia estratégica.

La educación representa otro foco de preocupación para el futuro del país. México continúa entre los últimos lugares de la OCDE en desempeño académico. Apenas el 22 % de los jóvenes cuenta con educación universitaria, frente al promedio de 42 % de los países miembros. Además, el 41 % de los adultos no concluyó la educación media superior.

En las pruebas internacionales, solo el 34 % de los estudiantes mexicanos alcanza competencias básicas en matemáticas, frente al promedio de 69 % de la OCDE. Asimismo, cerca de la mitad de los alumnos de 15 años presenta dificultades para comprender textos de complejidad media, lo que compromete seriamente la competitividad futura del país.

A los retos sociales se suman las dificultades de uno de los sectores considerados prioritarios por la actual administración: el energético.

Pemex produjo en promedio 1.36 millones de barriles diarios en 2025, una caída cercana al 7 % anual. Durante el primer trimestre de 2026, las cifras mostraron apenas un incremento de 0.4 % respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de recibir apoyos gubernamentales por casi 400 mil millones de pesos, la empresa registró pérdidas superiores a 45 mil millones de pesos en 2025 y otros 46 mil millones durante el primer trimestre de 2026.

A ello se suma el impacto del robo de combustibles, que generó pérdidas estimadas en 123.5 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes.

La cereza del pastel en el lamentable discurso de Sheinbaum, fue su defensa férrea de Rubén Rocha Moya y de los intereses políticos que representa, recurriendo una vez más al discurso de la soberanía nacional como refugio retórico y excusa politica. Lo que debería ser un principio para proteger los intereses de México terminó reducido a una vulgar herramienta usada por la 4T para blindar a sus aliados acusados de narcotrafico frente a su cita con la justicia norteamericana.

En conjunto, los indicadores económicos, sociales, educativos y de seguridad correspondientes a 2025 y principios de 2026 dibujan un escenario preocupante y nada claro para nuestro país.

Está claro, dos años después de su triunfo electoral, la presidenta sigue privilegiando la construcción de una narrativa antes que la solución de los problemas estructurales del país. 

Cuando la propaganda y el dato fácil sustituye al diagnóstico, el riesgo no es únicamente el fracaso de un gobierno, sino el deterioro progresivo de una nación entera. La tarea de gobernar no se limita únicamente a repartir recursos mediante programas sociales ni en organizar actos multitudinarios para reafirmar lealtades políticas. Gobernar un país implica mucha humildad  para aceptar lo que se puede mejorar y además, el trabajo simultaneo en varias areas para generar crecimiento económico, garantizar seguridad, fortalecer las instituciones, ofrecer servicios públicos de calidad y construir condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente.

Los gobiernos deben ser evaluados de manera concreta y objetiva por sus resultados. Las preguntas son: ¿vive mejor hoy el ciudadano promedio que hace dos años?, ¿vive mejor que hace ocho años?, o ¿la propaganda y el discurso pesan más que la realidad?

Me parece que, para millones de mexicanos que enfrentan la violencia, incertidumbre económica, servicios públicos insuficientes y oportunidades cada vez más limitadas, la respuesta está lejos del triunfalismo que se escuchó en el Monumento a la Revolución, desde ese atril donde Sheinbaum hablaba de su propio “país de las maravillas”.

«Una de las grandes equivocaciones es juzgar las políticas por sus intenciones y no por sus resultados».

—Milton Friedman