Narcotráfico y Narco política: Tensión entre Washington y México

Por: Armando Guzmán Á

Las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más delicados de los últimos años. A la tradicional agenda bilateral —comercio, migración y seguridad— se han sumado nuevos episodios que evidencian una creciente desconfianza entre ambos gobiernos.

Hace apenas unos días se confirmó que el T-MEC no fue renovado automáticamente por otros 16 años. Esto no significa el fin del tratado, pues continúa siendo indispensable para las economías de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el hecho de que ahora las revisiones sean anuales abre la puerta a una negociación permanente y, sobre todo, a un mayor margen de presión política.

Resulta difícil pensar que esta decisión sea exclusivamente técnica o comercial. La administración de Donald Trump parece utilizar el tratado como una herramienta para exigir resultados en los temas que considera prioritarios: el combate al narcotráfico, la entrega de líderes criminales y el eventual procesamiento de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones delictivas.

Como si esas diferencias no fueran suficientes, una nueva controversia surgió con la exhibición, en un museo del FBI en Nuevo México, del avión relacionado con la operación mediante la cual Ismael "El Mayo" Zambada terminó en territorio estadounidense. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata: volver a colocar sobre la mesa el argumento de la soberanía nacional.

La discusión no es menor. Desde julio de 2024 persisten las dudas sobre la forma en que ocurrió la captura de Zambada. El capo apareció detenido en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La versión difundida por Zambada sostiene que fue engañado, privado de su libertad y trasladado contra su voluntad en una aeronave que despegó desde Sinaloa.

En ese mismo relato se menciona que había sido convocado a una reunión en la que presuntamente estarían presentes el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda, y otras personas. Según esa versión, la reunión nunca ocurrió porque fue emboscado y trasladado a Estados Unidos.

Hasta la fecha, no existe evidencia pública que confirme de manera concluyente que agentes estadounidenses realizaron una operación clandestina dentro de territorio mexicano sin autorización del gobierno federal. Sin embargo, tampoco han desaparecido las dudas sobre lo ocurrido aquel 25 de julio. Precisamente esa falta de claridad ha alimentado las especulaciones y el desgaste diplomático.

Si un líder del tamaño de "El Mayo" Zambada pudo salir de México en un avión privado sin que las autoridades lo detectaran, el problema trasciende cualquier discusión jurídica con Washington. Hablaríamos de fallas graves en los sistemas de inteligencia, seguridad y control territorial de nuestro país.

Las preguntas siguen en el aire y, hasta ahora, el gobierno mexicano no ha presentado evidencias suficientes y consistentes que despejen las dudas. Basta recordar cuando Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y posteriormente secretaria de Gobernación, sostuvo que la aeronave utilizada para el traslado del capo era un Cessna 205 y no un Beechcraft King Air 200, como se comprobó después, lo que incrementó aún más la incertidumbre sobre lo ocurrido.

El colmo del absurdo es que, durante meses, el gobierno mexicano exigió a Estados Unidos información sobre cómo había ocurrido el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense. Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 11 de febrero de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", era el piloto de confianza relacionado con Ismael "El Mayo" Zambada.

Con esto, queda probado que Claudia Sheinbaum miente al negar actualmente que la Fiscalía no tuviera conocimiento sobre la identidad de ese piloto y su vínculo con el capo al momento de su entrega a las autoridades estadounidenses. ¿Por qué la presidenta sostiene esa mentira? La intención sería mantener convenientemente la narrativa de que se trató de una violación a la soberanía nacional y presentar a México como un país excluido de la operación. Incluso, sería muy probable que pesar de todo, el gobierno mexicano si haya colaborado en ese operativo por "debajo de la mesa", pero políticamente lo niegan pues iría en contra del discurso que quiere proyectar Sheinbaum.

Por otra parte, la presidenta no ha perdido oportunidad de cuestionar las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en su más reciente libro realiza afirmaciones polémicas, entre ellas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado por lo que "El Mayo" Zambada pudiera declarar ante la justicia estadounidense. Para la presidenta, esas declaraciones representan una intromisión en los asuntos internos del país; para otros, entre quienes me incluyo, dejan al descubierto las contradicciones y preocupaciones de quienes hoy ejercen el poder.

Pero la polémica no termina ahí. Según un audio publicado este lunes por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en 2025 confirmó que tanto ella como su esposo perdieron sus visas estadounidenses, vuelve a verse envuelta en la controversia. De acuerdo con esa publicación, en las grabaciones se escucharían conversaciones relacionadas con agencias estadounidenses y posibles investigaciones penales, en las que presuntamente manifiesta su disposición para proporcionar información confidencial. La autenticidad y el contexto de ese material deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Resulta, cuando menos, contradictorio que la llamada Cuarta Transformación invoque constantemente la defensa de la soberanía nacional, mientras minimiza o guarda silencio ante la posibilidad de que una gobernadora manifieste a agentes de otro país su disposición para compartir información obtenida en las mesas de seguridad del Gobierno de México. Si el contenido de esas grabaciones llegara a confirmarse, el discurso soberanista quedaría seriamente debilitado.

Marina del Pilar ha acusado al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de haberla espiado para obtener esos audios. Sin embargo, el actual integrante del PT lo ha negado y, en respuesta, ha declarado que la gobernadora encabeza una presunta red de narcotráfico junto con su esposo. Lo más polémico es que según Bonilla, esa información fue conocida por el mismo López Obrador.

La postura del gobierno de Morena y de diversos dirigentes del partido ha sido respaldar públicamente a la gobernadora, insistiendo en su inocencia y honestidad. Incluso aprovechando la situación para atacar y desviar la atención hacia el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y los agentes de la CIA.

A todo esto se suma otro elemento. Estados Unidos efectivamente presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, pero el gobierno mexicano aún no ha ejecutado dicha detención. En consecuencia, tampoco habría comenzado a correr el plazo legal para que las autoridades estadounidenses formalicen una eventual solicitud de extradición. La falta de actuación de las autoridades mexicanas resulta bastante sospechosa.

También es cierto que en los últimos meses han aumentado los reportes periodísticos que señalan que autoridades estadounidenses habrían abierto líneas de investigación sobre algunos gobernadores mexicanos, entre ellos Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Hasta ahora, dichas versiones no han sido confirmadas públicamente por autoridades estadounidenses ni existen documentos oficiales que acrediten una investigación penal en su contra. Sin embargo, dice un famoso dicho que "cuando el rio suena, agua lleva" 

La soberanía es un principio irrenunciable para cualquier Estado. Pero también lo es la obligación de combatir con eficacia a las organizaciones criminales que durante décadas han desafiado al propio Estado mexicano. Convertir el debate exclusivamente en una disputa diplomática corre el riesgo de desviar la atención del problema de fondo.

Desde mi perspectiva, no parece existir una verdadera voluntad política para enfrentar de raíz problemas como el narcotráfico, la impunidad, la corrupción y la posible participación de servidores públicos en actividades ilícitas. En los hechos, aunque algunas acciones del gobierno aparentan representar un combate frontal contra el crimen organizado, muchas de ellas parecen ejecutarse de manera selectiva, procurando no afectar intereses políticos ni los pactos de facto que, según diversas investigaciones han existido entre actores políticos y organizaciones criminales.

Por el contrario, con frecuencia se observa una actitud de protección hacia determinados personajes, lo que inevitablemente alimenta la percepción de que se busca evitar un mayor costo político para el partido gobernante.

No se trata de un discurso de ultraderecha ni de una campaña de desprestigio. Se trata de una realidad elemental: quien durante años tolera la corrupción y la impunidad termina cosechando sus consecuencias.

Por simple sentido común, a México no le conviene mantener una relación de confrontación con Estados Unidos. Somos vecinos, socios comerciales y compartimos desafíos que únicamente pueden enfrentarse mediante la cooperación.

He escuchado a simpatizantes de Morena reducir el problema del narcotrafico al afirmar que, si en Estados Unidos existe el consumo de drogas, entonces ese país debería resolver por sí solo el problema de la demanda. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente y en muchos sentidos, falaz. La existencia de consumidores en un país no exime al otro de combatir a quienes producen, trafican, protegen o se benefician de esa actividad criminal.

La demanda, por sí sola, no explica la existencia de las organizaciones criminales. Existen muchos productos con una enorme demanda en Estados Unidos —como el alcohol, el tabaco, los medicamentos o las armas— que no necesariamente generan estructuras criminales comparables a los cárteles de la droga.

El narcotráfico también depende de factores como la prohibición, la corrupción, la debilidad institucional, la impunidad, las deficiencias del sistema de justicia y la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en las instituciones y operar con libertad.

Además, los cárteles no viven exclusivamente del mercado estadounidense. Muchos de ellos obtienen ingresos mediante la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de personas, la minería ilegal y una larga lista de actividades delictivas. Incluso si desapareciera por completo el consumo de drogas en Estados Unidos, buena parte de esas estructuras criminales seguirían existiendo en México.

Del mismo modo que puede afirmarse que sin consumidores no habría narcotráfico, también puede sostenerse que sin productores, traficantes, redes de protección y autoridades corruptas no habría drogas disponibles para esos consumidores. Ninguna de las dos explicaciones, por sí sola, alcanza para comprender un fenómeno tan complejo.

Es evidente que Estados Unidos no está satisfecho con la actitud que percibe del gobierno mexicano frente al combate contra el narcotráfico y la posible protección de actores políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Esa percepción ha quedado reflejada en diversas declaraciones públicas, desde las del presidente Donald Trump, quien afirmó que "México ha perdido el control de su país" y que "los cárteles controlan México", hasta las recientes declaraciones del administrador de la DEA, Terry Cole, durante la Cumbre contra las Adicciones y el Fentanilo, donde sostuvo que existe una "conexión mortífera" y que las redes de los cárteles y sectores del gobierno mexicano "son una y la misma cosa".

La relación entre México y Estados Unidos seguirá marcada por intereses comunes, pero también por presiones políticas cada vez más intensas.

Lo que hoy estamos viendo parece ser apenas el comienzo. Todo indica que la administración de Donald Trump mantendrá e incluso incrementará la presión sobre el gobierno mexicano, utilizando como herramientas la revisión anual del T-MEC, la cooperación en materia de seguridad y los mecanismos de inteligencia compartida.

Washington ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar lo que considera una insuficiente actuación de México frente a los cárteles y, sobre todo, frente a la presunta protección política que estos habrían encontrado durante años. La exigencia ya no se limita únicamente a detener capos; ahora apunta también hacia quienes, desde el poder político, pudieran haber facilitado, protegido o encubierto sus operaciones.

No sería extraño que en los próximos meses aparezcan nuevos nombres de funcionarios, exfuncionarios, gobernadores, legisladores o dirigentes políticos vinculados, directa o indirectamente, con investigaciones de las autoridades estadounidenses.

Algunas de esas acusaciones podrán confirmarse, otras no, pero el simple hecho de que Estados Unidos continúe avanzando en esa dirección incrementará la tensión diplomática entre ambos países. El gobierno mexicano tendrá entonces que decidir si responde con investigaciones transparentes y con el fortalecimiento de sus instituciones, o si continúa refugiándose en el discurso de la soberanía para descalificar cualquier señalamiento proveniente del exterior.

Lo cierto es que, al día de hoy, es una relación bilateral marcada por la desconfianza.