250 Años de Democracia en América: Lecciones para EUA y México

Por: Armando Guzmán Á.

El pasado 4 de julio, Estados Unidos celebró el 250 aniversario de su Independencia. Aunque la Declaración de Independencia fue firmada el 4 de julio de 1776, Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de las trece colonias hasta la firma del Tratado de París, el 3 de septiembre de 1783.

Cuando se habla de los grandes acontecimientos que transformaron la política moderna, la Revolución Francesa suele ocupar un lugar privilegiado. Sin embargo, con mucha menor frecuencia se profundiza en las aportaciones políticas e institucionales que surgieron de la Independencia de Estados Unidos y que terminaron influyendo en buena parte del mundo occidental.

Los llamados Padres Fundadores —George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay—, algunos de ellos integrantes de la masonería y profundamente influenciados por las ideas de la Ilustración, recurrieron al pensamiento de Montesquieu, Voltaire, Rousseau y John Locke para elaborar documentos fundamentales, entre ellos la Declaración de Independencia y la Declaración de Derechos de Virginia.

La Declaración de Derechos de Virginia, redactada por George Mason, es considerada la primera declaración moderna de derechos y posteriormente sirvió de modelo para la mucho más conocida Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada durante la Revolución Francesa. Años más tarde, en 1791, James Madison impulsó la aprobación de la Carta de Derechos (Bill of Rights), que incorporó diversas libertades y garantías fundamentales al sistema constitucional estadounidense.

Uno de los pilares del nuevo modelo político estadounidense fue la división de poderes, principio esencial de la democracia constitucional moderna. Su propósito consistía en distribuir equilibradamente las facultades del Estado, evitando que todas las decisiones dependieran de una sola autoridad y creando mecanismos de control recíproco entre las distintas instituciones. Dentro de ese esquema, el Poder Judicial asumiría la responsabilidad de interpretar y proteger la Constitución, documento que define las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los poderes públicos.

Estados Unidos también fue pionero en la consolidación del sistema presidencial moderno. Durante la Convención Constitucional de 1787, los Padres Fundadores rechazaron la idea de establecer una monarquía y diseñaron la figura del presidente como jefe de Estado y de Gobierno, con facultades delimitadas y sujetas al equilibrio con los demás poderes públicos. En este modelo, ninguno de los poderes depende de otro para conservar su cargo.

Asimismo, a partir de su Constitución nació el federalismo moderno, cuyo nombre proviene del término latino foedus (foederis), que significa tratado, pacto o alianza. En este sistema existe un acuerdo político mediante el cual la autoridad se distribuye entre un gobierno nacional y gobiernos estatales. Este diseño quedó establecido en la Convención de Filadelfia de 1787 con el propósito de repartir las responsabilidades públicas entre distintos niveles de gobierno y evitar una concentración excesiva del poder.

Diversos pensadores europeos quedaron sorprendidos por el funcionamiento de la democracia norteamericana en comparación con los sistemas políticos de Europa. Uno de ellos fue el francés Alexis de Tocqueville, quien en La democracia en América observó que la fortaleza del sistema estadounidense descansaba no sólo en sus leyes, sino también en sus costumbres cívicas y en el profundo compromiso de los ciudadanos con la libertad. Asimismo, advirtió que una sociedad puede obsesionarse tanto con la igualdad que termine sacrificando su libertad, una reflexión que continúa siendo pertinente para analizar distintos modelos políticos.

Tan relevante fue la aportación del sistema político estadounidense que numerosos países retomaron varias de sus instituciones. México fue uno de ellos. Basta observar la adopción del sistema federal, del presidencialismo y de diversos principios incorporados en las constituciones mexicanas del siglo XIX. Incluso nuestro país se llama oficialmente Estados Unidos Mexicanos.

Sin importar el país o la época, los gobernantes han buscado ampliar su margen de acción. Estados Unidos no ha sido la excepción. Diversos presidentes y actores políticos han intentado extender su influencia más allá de las atribuciones previstas por la propia Constitución.

De ahí las críticas que distintos sectores han dirigido a Donald Trump por intentar concentrar un mayor poder del que constitucionalmente corresponde al presidente de Estados Unidos, particularmente mediante su influencia sobre otros poderes del Estado.

El análisis de la experiencia norteamericana resulta especialmente útil para comprender el verdadero sentido de la democracia moderna. Su esencia no radica únicamente en ganar elecciones o en contar con respaldo popular, sino en construir instituciones capaces de impedir que cualquier persona o grupo concentre un poder sin límites.

En México, la llamada Cuarta Transformación también ha buscado ampliar su influencia y control sobre los demás poderes de la Unión mediante reformas como las impulsadas en el Poder Judicial, una tendencia que se aparta del principio de división de poderes y del espíritu mismo de la democracia. Asimismo, ha impulsado un modelo cada vez más centralista, alejándose de los principios del federalismo. Recordemos que el centralismo es una forma de organización política y administrativa en la que el gobierno nacional concentra la mayor parte de las decisiones, las atribuciones y los recursos económicos del país, reduciendo con ello la autonomía y la capacidad de gestión de las entidades federativas.

Por supuesto, la democracia, como cualquier otra forma de gobierno, posee virtudes y también problemas. John Stuart Mill advertía en su ensayo Sobre la libertad acerca del riesgo de la llamada "tiranía de las mayorías", fenómeno mediante el cual una mayoría electoral puede utilizar su fuerza para restringir los derechos y las libertades de las minorías. El populismo en sí, justo es una deformación de la democracia liberal.

La Cuarta Transformación ha construido buena parte de su legitimidad sobre el argumento de las mayorías. Sin embargo, en un Estado democrático de derecho, obtener más votos no significa que esos votos valgan más que los de quienes piensan distinto. La mayoría gobierna mediante los representantes y los mecanismos previstos por la Constitución, pero los derechos fundamentales y las instituciones existen precisamente para proteger la libertad de todos.

Dos siglos y medio después de su Independencia, Estados Unidos tampoco es una democracia exenta de riesgos. La polarización política, la influencia de los poderes económicos, la creciente desconfianza entre los poderes públicos y las controversias que han rodeado el regreso de Donald Trump a la presidencia han reabierto el debate sobre los límites del poder presidencial y la capacidad de las instituciones para resistir la presión de los liderazgos políticos. Paradójicamente, esa es la mejor prueba de la fortaleza del sistema político estadounidense: no fue diseñado para gobernantes virtuosos, sino para gobernantes con ambición.

Esa discusión no debería resultarnos ajena. En México, con frecuencia, el debate público suele centrarse únicamente en la figura del gobernante, en su capacidad —o falta de ella— y en sus intenciones personales, cuando el verdadero reto de una democracia consiste en que las decisiones públicas se rijan por normas permanentes y no por la voluntad de un solo liderazgo. Esa arquitectura institucional garantiza la continuidad del Estado y exige que quienes ejercen el poder actúen dentro del marco legal y rindan cuentas.

Donald Trump ha puesto nuevamente a prueba los contrapesos del sistema estadounidense, del mismo modo que en México las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación han abierto un intenso debate sobre el equilibrio entre los poderes públicos y el alcance del Ejecutivo. Son contextos distintos, pero ambos plantean la misma pregunta de fondo: ¿qué tan lejos puede llegar un gobernante antes de romper el equilibrio democrático? Los límites al poder no existen para obstaculizar a un presidente en particular (llámese Trump o López Obrador); existen para proteger a los ciudadanos de los excesos que cualquier gobernante, de cualquier partido, pudiera cometer.

Quizá esa sea la mayor enseñanza que deja la experiencia estadounidense. Como escribió James Madison en El Federalista No. 51: "Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario". Precisamente porque no lo son, la libertad nunca ha dependido de la buena voluntad de los gobernantes, sino de la fortaleza de las instituciones capaces de contenerlos. La democracia no se sostiene por la popularidad de un líder ni por la amplitud de una mayoría, sino por la existencia de contrapesos efectivos y de una Constitución que se imponga incluso a quienes ejercen el poder. Ahí radica, ayer como hoy, la verdadera defensa de la libertad.