Ernesto Ruffo y el huachicol fiscal: ¿justicia o persecución?

Por: Armando Guzmán Á.

En su momento, la llamada Cuarta Transformación prometió convertirse en el movimiento que arrancaría de raíz la corrupción en el país. A  Andrés Manuel López Obrador no le bastaba con repetir una y otra vez que la corrupción se había acabado en México.

Sin embargo, poco a poco la realidad fue superando el discurso de la 4T. Una y otra vez ha quedado evidenciado el encubrimiento que han ejercido con los suyos en múltiples escándalos de corrupción y polémicas. Casos que involucran a personajes cercanos al movimiento han sido minimizados, desestimados o simplemente ignorados, mientras que el discurso oficial continúa sosteniendo que el combate a la corrupción es una de sus principales banderas.

Hace unas semanas les hablaba en esta columna sobre los audios que involucraban a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar —quien había perdido su visa—, en los que mantenía conversaciones con agentes estadounidenses respecto a posibles investigaciones penales, ofreciendo incluso proporcionarles información de seguridad mexicana.

Ahora el foco está puesto en otro personaje de Baja California. Hablamos del Caso Ruffo Appel.

Hay que recordar que Ernesto Ruffo Appel fue una figura relevante e histórica para la oposición política mexicana, pues en 1989 se convirtió en el primer gobernador no priista en gobernar un estado (Baja California), llegando al cargo a través del Partido Acción Nacional.

Recientemente, el exgobernador de Baja California fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente vinculado a proceso por un juez. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de formar parte de una presunta red de huachicol fiscal, además de imputarle los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el esquema era el siguiente: se importaba gasolina y diésel desde Estados Unidos, luego, en las aduanas (las cuales son administradas por el Gobierno de México) los ferro tanques eran declarados como vacíos, semivacíos o con información falsa para evadir el pago de impuestos. El combustible ingresaba a México y posteriormente era distribuido y comercializado de manera ilegal.

La Fiscalía sostiene que la empresa aduanal Ingemar, de la que Ruffo era socio, habría sido pieza clave para facilitar esas operaciones. Las investigaciones hablan de más de 800 millones de litros de combustible introducidos irregularmente en un periodo aproximado de 15 meses, con un presunto daño al erario superior a los 5 mil 400 millones de pesos.

Es importante precisar que Ernesto Ruffo está vinculado a proceso y enfrenta prisión preventiva; sin embargo, todavía no existe una sentencia condenatoria. El juicio apenas comienza y, conforme al principio de presunción de inocencia, será un tribunal quien determine su responsabilidad penal.

No obstante, el gobierno federal morenista ha encontrado en este caso una oportunidad política. En un momento en que la Cuarta Transformación y Sheinbaum enfrentan cuestionamientos por diversos temas y una disminución en su popularidad, el caso Ruffo se ha convertido en un ejemplo perfecto para reforzar su narrativa de combate a la corrupción y para golpear mediáticamente a la oposición.

Por supuesto, este caso también puede representar un duro golpe para el PAN. Si durante estos años ha tratado de construir buena parte de su discurso alrededor de la impunidad y corrupción Morenista, ahora enfrenta un expediente que involucra a uno de los personajes más emblemáticos de su historia política. Independientemente del desenlace judicial, hay un costo político que pueden pagar.

Lo que quizá más llama la atención es la reacción del PAN y de varios de sus aliados. En lugar de asumir una postura prudente y esperar a que avance el proceso judicial, diversos liderazgos cerraron filas casi de inmediato en defensa de Ernesto Ruffo.

Pareciera que la oposición está cayendo en el mismo error que durante años  se le criticó a Morena: convertir cualquier investigación contra uno de los suyos en un asunto de persecución política antes de que existan resoluciones judiciales.

Defender el debido proceso, exigir imparcialidad por parte de “los jueces del acordeón” y cuestionar posibles abusos de la autoridad es completamente válido. Defender automáticamente a una persona únicamente por pertenecer al mismo bloque político es otra cosa muy distinta.

Existen además elementos que inevitablemente generan preguntas.

De acuerdo con información publicada por El Universal, en el expediente AR1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Guzmán Loera declaró: "A los Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California". Asimismo, aseguró que el hermano del exgobernador Ernesto Ruffo era socio directo de Benjamín y Ramón Arellano Félix, quienes operaban constructoras y farmacias.

La semana pasada, ante la defensa que hizo Felipe Calderón sobre el ex gobernador de Baja California, diciendo que el Gobierno Federal aplicaba “justicia selectiva”, discriminatoria y de represión política, mediante el uso faccioso del sistema judicial”, la presidenta desempolvó un tuit publicado el 10 de octubre de 2017 en donde él escribió: "RUFFO dilapidó esa gubernatura (Baja California), él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano".

Por sí solos, estos antecedentes no constituyen prueba de responsabilidad penal. Sin embargo, sí explican por qué el caso ha adquirido una enorme dimensión política y mediática.

Por otra parte, la detención de Ernesto Ruffo también provocó una rápida reacción de distintos liderazgos de oposición. El expresidente Vicente Fox y varios exgobernadores panistas cerraron filas en su defensa. A ello se suma que, en fechas recientes, Ruffo ha participado activamente en la conformación del nuevo partido político Somos MX y forma parte de su Consejo Consultivo. No sorprende, entonces, que Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos MX, así como otros personajes relevantes de la política mexicana, también hayan salido en defensa del exgobernador.

La oposición acusa persecución política y un trato excesivamente duro por parte del gobierno, particularmente por mantenerlo en prisión preventiva dentro de un penal de máxima seguridad, sin adecuados cuidados como el de no tener el respirador que necesita, medida que consideran desproporcionada frente a las acusaciones que enfrenta.

Me parece que, sin duda, debería prevalecer la cautela y una posición responsable por parte de la oposición. En política, meter las manos por un personaje resulta demasiado arriesgado. La historia demuestra que, cuando finalmente aparecen pruebas contundentes, quienes salieron a defenderlos terminan pagando también el costo político y no solo eso, sino que pierden credibilidad.

Considero muy importante separar dos cosas.

Por un lado, es totalmente válido cuestionar la imparcialidad de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. La creciente cercanía de diversos órganos con el proyecto político de Morena genera dudas legítimas sobre la autonomía con la que se desarrollan investigaciones de alto impacto.

Pero, por otro lado, tampoco sería responsable descalificar automáticamente todas las investigaciones únicamente porque provienen de un gobierno morenista.

En 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que existían investigaciones contra Ingemar, S.A. de C.V., empresa de la que Ernesto Ruffo es socio.

Posteriormente fueron asegurados a esa empresa, ferrotanques con 15 millones de litros de combustible presuntamente ilegal. Ruffo se deslindó de cualquier responsabilidad y declaró: "Absolutamente yo estoy listo haciendo mis negocios en el país; aquí estoy en México. Si me llaman y me citan...".

Sin duda, resulta absurda y tendenciosa la intención del gobierno federal de reducir un fenómeno tan complejo como el huachicol fiscal (que precisamente tuvo su crecimiento exponencial durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que involucra redes de corrupción en distintos niveles del Estado) a la figura de un solo personaje, presentando a Ernesto Ruffo prácticamente como el "jefe del huachicol fiscal" en México.

Por otra parte, pensar que una operación que, según las propias investigaciones, movió cientos de millones de litros de combustible pudo funcionar durante meses sin la participación, omisión o complicidad de autoridades aduaneras, fiscales, de seguridad y de supervisión resulta, cuando menos, difícil de creer.

Si la investigación realmente pretende llegar hasta las últimas consecuencias, tendría que alcanzar también a funcionarios públicos, administradores de aduanas y a cualquier servidor que, por acción u omisión, hubiera permitido el funcionamiento de esa red.

Porque, de lo contrario, la percepción sigue siendo la misma: el combate a la corrupción sigue siendo selectivo.

Queda claro, una vez más, cómo Morena y su gobierno utilizan todo el peso de la ley contra sus opositores. Lo preocupante es que ese mismo rigor rara vez se aplica cuando los señalados forman parte de sus propias filas. Ahí siguen personajes como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Cuauhtémoc Blanco o Amílcar Olán, etc., todos envueltos en distintos señalamientos públicos, pero sin que, hasta ahora, exista una investigación que refleje el mismo nivel de intensidad o de prioridad por parte de las autoridades.

La justicia deja de ser justicia cuando se convierte en herramienta política. Y la lucha contra la corrupción pierde toda credibilidad cuando se castiga únicamente al adversario, mientras los aliados continúan gozando de protección. Decía esa famosa frase que comúnmente se le adjudica a Benito Juárez: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas."