La 4T y sus gobiernos "Big Brother"

Por: Armando Guzmán Á.

Decía Andrés Manuel López Obrador que las redes sociales eran "benditas". Y lo fueron para su movimiento, pues le permitieron construir un canal de comunicación directo con millones de ciudadanos al margen de los medios tradicionales. Hoy, todo indica que para el oficialismo han dejado de serlo. Lo que alguna vez fue celebrado como un espacio de comunicación, crítica y contraste frente al poder comienza ahora a concebirse como un ámbito que debe ser regulado por el propio Estado.

Las redes sociales se han convertido en un elemento imprescindible del debate político. Hoy, la mayoría de los mexicanos y buena parte del mundo se informa a través de estas plataformas. Por ello, cualquier intento de regularlas debe analizarse con extremo cuidado, pues el equilibrio entre la protección de derechos y la libertad de expresión constituye uno de los pilares de cualquier sociedad democrática.

Al ya amplio legado prohibicionista de los últimos años, el gobierno de la Cuarta Transformación pretende sumar ahora la regulación de la inteligencia artificial y del uso de bots, particularmente en el ámbito electoral, bajo el argumento de combatir las campañas de desinformación y manipulación.

La narrativa oficial sostiene que únicamente se busca generar una iniciativa de ley que establezca reglas claras para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin afectar los derechos, la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión. Sobre el papel, el planteamiento parece razonable. Sin embargo, precisamente por ello conviene no ser ingenuos.

La protección de niñas, niños y adolescentes constituye el eje discursivo de la iniciativa. Sin embargo, ese objetivo también puede convertirse en el caballo de Troya para introducir una regulación mucho más amplia sobre las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

En apariencia, este propósito no tendría por qué generar rechazo. Por el contrario, es una realidad que miles de menores enfrentan riesgos constantes en internet: ciberbullying, grooming, extorsión, explotación sexual, exposición a contenidos inadecuados para su edad, estafas, fraudes, adicción a las redes sociales y una permanente obsesión por obtener aprobación dentro del mundo digital.

Como es lógico, estos problemas generan una preocupación creciente y la búsqueda de soluciones para prevenirlos. No se trata de un fenómeno exclusivo de México. Países como Francia y Australia han reformado recientemente sus leyes para restringir o incluso prohibir el acceso de menores de 15 años a determinadas redes sociales.

El verdadero problema no radica en el diagnóstico, sino en las posibles implicaciones de la regulación. La preocupación surge cuando el gobierno incorpora asuntos distintos dentro de una misma iniciativa, mezclando objetivos legítimos con otros que amplían significativamente las facultades del Estado. 

Resulta preocupante que el gobierno también pretenda regular la inteligencia artificial bajo conceptos jurídicamente ambiguos como "uso indebido", "desinformación" o "manipulación de contenidos". La experiencia demuestra que las normas construidas sobre conceptos imprecisos suelen ampliar el margen de discrecionalidad de la autoridad.

¿Qué ocurriría si un ciudadano utilizara una herramienta de inteligencia artificial para elaborar una caricatura política sobre Claudia Sheinbaum? ¿O un video satírico sobre Morena, Andrés Manuel López Obrador o cualquier personaje representativo del oficialismo? ¿Qué pasará con los contenidos y canales de propagandistas de la 4T que usan la IA con fines desinformativos contra adversarios?

Si ese fuera el criterio, entonces también habría que regular La Mañanera, un espacio que durante años ha sido utilizado para difundir información manipulada, presentar datos fuera de contexto o convertir la comunicación gubernamental en un instrumento permanente de propaganda e ideologización política. Un ejemplo reciente ocurrió hace apenas unos días, cuando durante la conferencia matutina se presentó un video editado y fuera de contexto en el que la analista Natalia Torres afirmaba que "no todos deberían votar". A partir de ese fragmento, la presidenta calificó esa postura como una idea "porfirista y conservadora", sin ofrecer el contexto completo de la conversación.

Lo preocupante es que, hasta este momento, ni siquiera se conoce qué organismo o agencia sería el encargado de supervisar los contenidos en México. La inquietud aumenta si se considera que el INAI —institución responsable durante años de garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales— dejó de existir como órgano autónomo. Una regulación de esta naturaleza inevitablemente involucraría a plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X y muchas otras.

Algo similar ocurre con los bots. Se trata de una práctica utilizada tanto por marcas comerciales como por personajes públicos para inflar artificialmente su presencia en redes sociales y aparentar una popularidad mayor a la real. Por supuesto, esto tampoco es ajeno al mundo de la política. Tanto Morena como Claudia Sheinbaum, al igual que los demás partidos políticos, han recurrido, en distinta medida, al uso de granjas de bots para posicionar candidatos, impulsar tendencias o atacar adversarios en plataformas como Facebook y X.

¿De verdad el gobierno será capaz de regular o limitar sus redes y canales afines que utilizan bots o herramientas de inteligencia artificial para influir en la conversación pública? ¿O únicamente buscará impedir que otras fuerzas políticas recurran a esas mismas herramientas?

Estos intentos de regular los contenidos digitales y el uso de la inteligencia artificial ya tienen antecedentes en México. Un caso emblemático es el de San Luis Potosí, donde hace algunos meses se aprobó la llamada Ley Serrano, mediante la cual se modificó el Código Penal para sancionar el supuesto "uso indebido" de la inteligencia artificial. La medida encendió de inmediato las alertas entre periodistas, académicos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, pues la redacción de la norma resulta lo suficientemente ambigua como para abrir la puerta a la censura.

Conceptos como "generar desinformación", afectar la "confianza institucional" o poner en riesgo la "seguridad del Estado" admiten múltiples interpretaciones. En ese contexto, incluso un periodista que utilizara una imagen, un audio o un video generado mediante inteligencia artificial para ilustrar una investigación, elaborar una reconstrucción o realizar una sátira política podría enfrentar denuncias o procedimientos legales. Cuando la ley no define con precisión sus alcances, el margen de discrecionalidad de la autoridad se amplía inevitablemente.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la nueva iniciativa federal, el Congreso ya comenzó a preparar la organización de los foros para elaborar la denominada "Propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes". Como ha ocurrido en otros momentos, el gobierno sostiene que busca escuchar todas las voces antes de construir el proyecto legislativo.

Sin embargo, la experiencia reciente obliga a observar ese proceso con cautela. En diversas ocasiones, los llamados parlamentos abiertos y foros de consulta han funcionado más como mecanismos de legitimación política que como verdaderos ejercicios de deliberación pública. Así ocurrió con los Libros de Texto Gratuitos, con la reforma judicial y con la reforma electoral. A pesar de las críticas, las observaciones técnicas y las protestas de diversos sectores, las iniciativas prácticamente no sufrieron modificaciones sustanciales.

No sería la primera vez que un hecho aislado termina dando origen a una política pública de alcance nacional. Basta recordar la ofensiva emprendida por el gobierno de López Obrador contra los vapeadores. En lugar de abrir un debate sobre su regulación, sus posibles riesgos o su eventual utilidad como alternativa para quienes buscan abandonar el tabaquismo, la respuesta fue prohibirlos en todo el país.

Esa prohibición, sin embargo, no eliminó el consumo ni terminó con el mercado ilegal. Por el contrario, fortaleció un mercado negro todavía más riesgoso para la salud pública, donde los productos carecen de controles sanitarios y de mecanismos mínimos de supervisión. Todo ese proceso ocurrió después de que Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del entonces presidente, fuera fotografiado vapeando dentro de un despacho de Palacio Nacional. Un episodio estrictamente privado terminó influyendo en una política pública con efectos nacionales.

Algo similar ocurrió con la prohibición de fumar en cafeterías, restaurantes y otros establecimientos, incluso cuando muchos de ellos contaban con áreas exclusivas para fumadores que cumplían con la normatividad vigente. Solamente algunos establecimientos lograron conservar esos espacios mediante autorizaciones especiales.

La misma lógica se trasladó posteriormente al ámbito educativo, donde se prohibió la venta de la llamada "comida chatarra" dentro y en los alrededores de las escuelas. La medida disminuyó las ventas y obligó a cientos de pequeños comerciantes a modificar sus productos, reinventar sus negocios o abandonar una fuente importante de ingresos. Más allá del debate sobre los beneficios nutricionales de la decisión (como el combate a la diabetes y la obesidad), el patrón vuelve a repetirse: frente a problemas complejos, la respuesta privilegiada ha sido la prohibición.

Curiosamente, el gobierno ha evitado avanzar en temas como la legalización de la marihuana, quizá por el costo político que podría representar frente a determinados sectores de su electorado. Esa aparente selectividad refleja una tendencia más amplia: gobiernos que emanaron de partidos que se asumieron como defensores de las libertades civiles hoy se inclinan por un Estado cada vez más interventor.

Poco a poco se amplía el margen de intervención gubernamental sobre aspectos cada vez más diversos de la vida cotidiana: lo que consumes, lo que puedes vender, lo que ves, lo que escuchas, las plataformas donde te informas e incluso las herramientas digitales con las que creas contenido o ejerces la crítica política. 

Nadie puede negar que las redes sociales y la inteligencia artificial también pueden utilizarse para cometer fraudes, extorsiones, suplantación de identidad, campañas de desinformación o distintos tipos de delitos. La protección de niñas, niños y adolescentes constituye un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, combatir esos problemas no puede convertirse en el pretexto para ampliar los mecanismos de control político sobre los ciudadanos.

La diferencia entre regular y censurar suele ser mucho más delgada de lo que aparenta. Una legislación construida sobre conceptos ambiguos como "desinformación", "uso indebido", "manipulación de contenidos" o "afectación a la confianza institucional" corre el riesgo de terminar castigando la crítica, la sátira, el periodismo de investigación e incluso la opinión ciudadana.

Muchos mecanismos de control nacen acompañados de aparentemente buenas intenciones. La censura rara vez se presenta como censura; suele disfrazarse de protección, seguridad, combate a la desinformación o defensa del interés público. Precisamente por ello resulta tan difícil identificarla cuando comienza. Las libertades no suelen perderse de manera abrupta; normalmente se restringen gradualmente, hasta que aquello que parecía una medida excepcional termina formando parte de la normalidad.

El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio. Es perfectamente válido proteger a niñas, niños y adolescentes, fortalecer la seguridad digital y sancionar a quienes utilicen herramientas de inteligencia artificial para cometer delitos o engañar deliberadamente a la población. Lo que no resulta compatible con una democracia constitucional es entregar al gobierno la facultad de decidir qué contenidos pueden circular y cuáles deben desaparecer. En una sociedad libre, el árbitro de las ideas nunca puede ser el poder político.

Del mismo modo, los padres de familia conservan una responsabilidad insustituible respecto al uso que sus hijos hacen de internet y de las redes sociales. Ninguna regulación puede sustituir el acompañamiento, la supervisión y la educación que deben comenzar en casa. Enseñar a niñas, niños y adolescentes a utilizar responsablemente las herramientas digitales, desarrollar pensamiento crítico y distinguir entre información confiable, propaganda o desinformación constituye una tarea que corresponde, a la familia. Porque la mejor protección frente a los riesgos del entorno digital no es un gobierno que decida qué pueden ver los ciudadanos, sino ciudadanos capaces de decidir por sí mismos qué merece ser visto y qué no.

Conviene no perder de vista que el ejercicio de la libertad de expresión también implica responsabilidades. Participar en redes sociales y ejercer el derecho a opinar no exime a nadie de responder por las consecuencias de sus actos. La responsabilidad no recae únicamente en las plataformas digitales o en el Estado; también corresponde a cada usuario, particularmente cuando publica, comparte, modifica o difunde como verdadera información generada mediante herramientas de inteligencia artificial. Combatir la desinformación también exige ciudadanos más críticos y responsables.

El populismo tiene una característica constante: simplifica problemas complejos para ofrecer soluciones aparentemente sencillas. Por eso, frente a las iniciativas de la Cuarta Transformación conviene leer siempre entre líneas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, como sociedad, a permitir que el Estado decida por nosotros?

Como advirtió Benjamin Franklin: "Quienes renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad".