Andy López: la visa perdida y el extraño caso de los hermanos Farías

Por: Armando Guzmán Á. 

Un nuevo escándalo sacude, una vez más, a la ya de por sí desacreditada Cuarta Transformación. Esta vez, el protagonista es uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador: Andrés “Andy” López Beltrán, a quien el Gobierno de Estados Unidos le ha retirado su visa.

La decisión no es menor. Estamos hablando del hijo de un expresidente que, por su parentesco, tiene influencia política dentro de Morena y sobre buena parte de la estructura del actual gobierno.

Por eso, el retiro de la visa adquiere una dimensión política inevitable. Cuando Estados Unidos toma una decisión de esta naturaleza respecto de una persona tan cercana al poder político mexicano, las preguntas surgen de manera natural: ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Washington a tomar esta determinación?, ¿qué información tienen las autoridades estadounidenses?

Hasta el momento, los detalles precisos que llevaron al retiro de la visa no son públicos. Sin embargo, esta situación ocurre en medio de las tensiones políticas entre México y EUA debido a temas de seguridad y narcotráfico y, específicamente en nuestro país, con una serie de investigaciones y señalamientos relacionados con el denominado “huachicol fiscal”, o sea, una compleja red de presunto contrabando de combustibles que ha involucrado a empresarios, funcionarios y exintegrantes de instituciones de seguridad del Estado mexicano.

En las carpetas de investigación que existen respecto a este delito, hay varios nombres involucrados, apareciendo entre ellos el nombre de Andy López Beltrán.

La controversia, sin embargo, provocó una reacción política inmediata. Por supuesto era de esperarse que el gobierno mexicano y distintos sectores morenistas salieran  en defensa de la inocencia de Andy López, considerando que fue una injusticia el retiro de su visa y que este, nada tenía que ver con ningún delito.

Es precisamente en medio de la polémica y el descontento que López Beltrán decidió expresarse públicamente sobre lo acontecido. Y lo hizo mediante una carta dirigida directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

Debido al tipo de lenguaje utilizado, a determinados términos y a otras características de la misiva, algunos comunicadores incluso han puesto en duda que la carta haya sido escrita por Andy y han sugerido que podría haber sido redactada por el mismísimo AMLO.

A través de esta, Andy López Beltrán acusó a Christopher Landau y a Marco Rubio de que la decisión de retirarle la visa fue “politiquería y propaganda” y de que “no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo”, afirmó. También le dijo a Trump que por qué no destituye a Landau y a Rubio, acusándolos de estar “llenos de resentimientos y de actitudes sectarias” y de actuar como una “camarilla” en lugar de como verdaderos hombres de Estado.

Además, en esa misma carta se dedica a hacer toda una crítica a Estados Unidos. Por cierto, resulta muy curiosa esa actitud (y la de muchos de los miembros de Morena y de la izquierda mexicana) que, por un lado, son profundamente críticos del capitalismo norteamericano, del American way of life, de la supuesta falta de ética que existe en Estados Unidos, de la desintegración familiar y de la “falta de valores”, de su supuesto racismo, del consumo de drogas e incluso, en otras ocasiones, de su supuesto conservadurismo, pero que, a la vez, tienen propiedades en ese país, se van de compras, de vacaciones a Disney, llevan a sus hijos a esas escuelas y disfrutan de las comodidades y de los atractivos de nuestro vecino país del norte.

Ahora bien, el pasado lunes 17 de agosto, la Fiscalía General de la República salió, de buenas a primeras, a rechazar estar realizando una investigación que involucrara al hijo de AMLO en temas relacionados con delitos vinculados al robo de hidrocarburos o con el llamado huachicol fiscal.

Sin embargo, a todo el complejo entramado relacionado con el huachicol fiscal se suma el nombre del secretario de marina de AMLO: José Rafael Ojeda, así como de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dos exmandos de alto rango en la Secretaría de Marina (SEMAR): uno, vicealmirante, y el otro, contralmirante, respectivamente.

Ambos han sido señalados como “presuntos” líderes de una de las mayores redes de ese delito en nuestro país. El esquema, de acuerdo con las investigaciones y señalamientos difundidos, consistía en introducir combustible al país utilizando documentos que lo hacían pasar por otro tipo de productos y, de esa manera, evitar el pago de impuestos.

Manuel Farías fue detenido en septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, mientras que Fernando Farías permaneció prófugo después de que se giraran órdenes en su contra. Fue detenido en Argentina en abril de este año.

Las razones que habrían obligado a Fernando Farías a viajar hacia Argentina, según las versiones difundidas, fueron precisamente el considerar un riesgo mantenerse en nuestro país, pues estaría a merced del Gobierno federal y de lo que pudieran adjudicarle, convirtiéndolo en un posible chivo expiatorio.

Por cierto, hay que señalar que los hermanos Farías son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina justamente durante el sexenio de AMLO.

En la conferencia mañanera del 18 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló que Manuel Farías Laguna sería trasladado próximamente a México. Además, indicó que la Fiscalía General de la República proporcionaría información al respecto.

Sin embargo, en entrevista radiofónica con el periodista Pepe Cárdenas, el abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, aclaró que la información proporcionada por Sheinbaum “era imprecisa”.

Explicó que en Argentina no existe todavía una resolución sobre el procedimiento de extradición ni de expulsión, lo que significaría que, como mínimo, aún faltarían tres meses para que, en dado caso, Fernando Farías pudiera viajar a México y enfrentar su proceso penal.

Otra de las informaciones aportadas por Epigmenio Mendieta es que, efectivamente, y aunque lo haya negado la Fiscalía General de la República de la cual está encargada Ernestina Godoy, sería cierto lo que han señalado diversas fuentes periodísticas: existen dos testigos protegidos en este caso.

En declaraciones contenidas en carpetas de investigación se menciona que la empresa fantasma INTANSA, la cual estaría involucrada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se dedicaría a la importación de hidrocarburos, tenía relación con personas que, de acuerdo con los testimonios, facilitaban la entrada del combustible cuando se complicaba su introducción. En esos testimonios aparecería el nombre del hijo de AMLO, además de el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.

De acuerdo a lo que ya decían informaciones periodísticas y que fue confirmado por el abogado Mendieta, habrían sucedido ocho muertes extrañas relacionadas con esta investigación.

Ahora, siguiendo el hilo de las investigaciones estadounidenses, el retiro de la visa a Andy López también se relacionaría a sus fuertes vínculos con personajes relacionados al crimen organizado en Sinaloa. Por ejemplo, con Enrique Díaz, quien fue secretario de Finanzas de Sinaloa de Rocha Moya hasta 2024, se entregó y  actualmente se encuentra colaborando con las autoridades de Estados Unidos. Según investigaciones periodísticas de Jorge Fernández Menéndez, Enrique Díaz habría sido financiador de Andy López Beltrán, los hijos de Rocha Moya, de Américo Villareal  y también participó gente del CJNG a través de todo un entramado qué va desde el huachicol Fiscal hasta contratos amañados de obra pública.

López Beltrán actualmente no goza de ningún fuero político y, de hecho, de manera totalmente ilegal y fuera de los tiempos electorales, ya está realizando campaña para ser diputado en Tabasco. Sin embargo, sí goza de una condición política particularmente relevante: es hijo de uno de los expresidentes con mayor influencia y poder político de las últimas décadas.

Desde esta perspectiva, y coincidiendo con lo declarado por Sheinbaum, parecería que el Gobierno mexicano estaría poniendo particular atención en lograr que se extradite a México lo más pronto posible a Manuel Farías para, de esta forma, junto con la FGR, manejar este caso y desviar la atención sobre el posible involucramiento del hijo del expresidente en este caso.

Como conclusión, en política todo comunica y el retiro de visas a políticos mexicanos por parte de Estados Unidos es, en sí mismo, un mensaje que busca agitar las aguas. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, respondió a Andy López Beltrán con una afirmación contundente: una visa es un privilegio, no un derecho. El Gobierno de Donald Trump tiene la facultad de revocar este permiso cuando considera que existen razones de seguridad nacional o intereses contrarios a Estados Unidos, independientemente de la relevancia del personaje, de su cercanía con el poder político mexicano —incluso si se trata del hijo de un expresidente— o de sus posiciones políticas. El mensaje, por tanto, parece claro: la cercanía al poder mexicano no garantiza inmunidad frente a las decisiones de Washington.

Eso adquiere una relevancia todavía mayor si se considera lo que sucede respecto de la negativa del Gobierno mexicano para entregar a EUA a Rubén Rocha Moya y a otros personajes más (como Enrique Insunza, mano derecha del gobernador), relacionados con el entramado de narcotráfico, corrupción e impunidad en el país. Sheinbaum sigue hablando de que deben entregar pruebas, pero anteriormente nunca las pidió con otros personajes que ya fueron extraditados a nuestro país vecino.

La posición que asume el Gobierno mexicano es la de una protección total hacia sus cercanos. Mucho más si se trata del hijo del fundador de su movimiento político.

El verdadero problema en México es el hecho de que las instituciones encargadas de investigar y esclarecer hechos de enorme gravedad terminan actuando bajo puros criterios políticos.

La existencia de carpetas de investigación en las que aparece el nombre de Andy López debería ser motivo suficiente para exigir una investigación de la FGR que fuera seria, transparente y sin privilegios. Si de esas indagatorias no se desprende ninguna evidencia que lo vincule con un delito, corresponde a la propia autoridad aclararlo públicamente, con pruebas, sin contradicciones y encumbrimientos previos. Del mismo modo, debe determinarse, conforme a las investigaciones y al debido proceso, si los hermanos Farías tienen o no responsabilidad en este entramado. Al final, en lo ideal, no debería haber nombres intocables ni culpables predeterminados.

Aún faltan muchos capítulos más en esta “novela” de la política norteamericana entre EUA y México. Me quedo con uno de los X (tuits) publicados por el secretario de Trump, Christopher Landau: "¿Están disfrutando el show?… Rellenen sus palomitas, van a amar la siguiente parte."

 Así será.