La engañosa reforma anticorrupción de Sheinbaum

 

Por: Armando Guzmán Á

Después de 70 años de gobiernos priistas, el año 2000 marcó uno de los cambios políticos más importantes en la historia contemporánea de México. Por primera vez, el Partido Acción Nacional llegó a la Presidencia de la República con la promesa de fortalecer la democracia, respetar la libertad de expresión, combatir la corrupción y construir un gobierno más transparente.

Uno de los principales logros de aquella alternancia fue la aprobación, en 2002, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Años más tarde, en 2014, el organismo se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), teniendo facultades en todos los estados del país al recibir autonomía constitucional y convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas del Estado mexicano.

Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó una narrativa encaminada a desacreditar de cualquier manera a los organismos autónomos y, particularmente, al INAI. En su aparente intención de reducir el sistema de pesos y contrapesos construido durante las décadas anteriores, el entonces presidente sostuvo en múltiples ocasiones que estos organismos eran costosos, burocráticos y que no habían contribuido al combate de la corrupción.

En octubre de 2018 calificó al INAI como parte de la "burocracia dorada". Dos meses después afirmó que los organismos autónomos habían proliferado "como hongos después de la lluvia" y aseguró que, lejos de disminuir la corrupción, ésta había crecido al mismo tiempo que existía el instituto. Incluso sostuvo que durante los años de mayor corrupción, el INAI "no vio nada" y que simplemente "se hizo de la vista gorda".

Estas declaraciones provocaron que los comisionados del instituto redujeran sus salarios y que el organismo disminuyera en un 15 % su presupuesto para 2019.

No obstante, las críticas de AMLO siempre partían de una premisa demagógica y equivocada. El INAI nunca fue una fiscalía ni tenía facultades para investigar o perseguir delitos de corrupción. Su función consistía en garantizar el derecho de acceso a la información pública, obligando a los gobiernos y a sus dependencias a entregar la información solicitada por ciudadanos, periodistas, organizaciones civiles y académicos.

Lejos de ser el INAI una institución perfecta, precisamente gracias al derecho de acceso a la información pública, fue posible conocer algunos de los casos de corrupción y abuso de poder más importantes del país, entre ellos:  los gastos excesivos en toallas por parte de Martha Sahagún; la Estafa Maestra; los sobornos de la constructora Odebrecht y su relación con autoridades mexicanas; el desfalco de SEGALMEX; la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto; el caso del software espía Pegasus; información relacionada con el impacto ambiental y el costo del Tren Maya; así como la publicación de la versión del expediente de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al considerar que el interés público era superior.

Paradójicamente, el propio López Obrador recurrió a información obtenida mediante mecanismos de transparencia;  la excomisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, señaló que en su libro La salida se utilizaron datos relacionados con las pensiones de los expresidentes, específicamente en las páginas 123 y 126.

Después de varios años de confrontación con el instituto, el 20 de diciembre de 2024 entró en vigor la reforma constitucional de simplificación orgánica que eliminó al INAI. Su última sesión se celebró el 19 de marzo de 2025, poniendo fin a uno de los organismos autónomos más relevantes para la vida democrática del país.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum a través de una reforma, plantea una "reingeniería" del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) (creado en 2015) el cual está íntimamente relacionado al tema de la transparencia. El día de hoy presentó el decreto que se discutirá en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

En apariencia, la propuesta contiene elementos positivos. Busca establecer una coordinación obligatoria entre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para compartir información de manera sistemática. También pretende ampliar las obligaciones de transparencia del gobierno federal, incluyendo a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y los procesos de contratación pública.

Asimismo, propone fortalecer las auditorías para detectar oportunamente el desvío de recursos públicos, combatir esquemas de corrupción de gran escala como el huachicol fiscal y las empresas factureras, además de mejorar la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Sin embargo, aun reconociendo esos aspectos positivos, existe un problema de fondo que la reforma no resuelve: NO se plantea la existencia de instituciones verdaderamente independientes que sirvan de contrapeso al poder.

Tras la desaparición del INAI, buena parte de estas funciones se concentran ahora en dependencias del Poder Ejecutivo, particularmente en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Un sistema anticorrupción sólo funciona cuando quienes investigan, supervisan y fiscalizan al gobierno son independientes del propio gobierno. De lo contrario, la capacidad de controlar al Ejecutivo inevitablemente se reduce.

La propuesta también disminuye la autonomía del Sistema Nacional Anticorrupción. El diseño original contemplaba la participación de organismos autónomos, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, tribunales administrativos y un Comité de Participación Ciudadana. El nuevo esquema fortalece la coordinación desde el Ejecutivo y reduce el peso tanto de los órganos autónomos como de la sociedad civil.

Existe además un evidente riesgo de politización. Si las instituciones encargadas de investigar la corrupción dependen en mayor medida del gobierno en turno, podrían priorizar casos políticamente convenientes, investigar con distinta intensidad según el actor involucrado (no sería igual un funcionario morenista que uno de oposición) o enfrentar presiones para no indagar determinados asuntos.

Incluso algunos exintegrantes del propio Sistema Nacional Anticorrupción sostienen que el problema nunca fue el diseño institucional, sino la falta de coordinación entre las instituciones que lo integraban. Han señalado que varias dependencias asistían de manera irregular a las sesiones o simplemente no daban seguimiento a los casos, por lo que modificar la estructura legal no resolvería, por sí mismo, ese problema. Quienes respaldan la reforma responden que una mejor coordinación permitirá investigaciones más rápidas y eficaces.

La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en la eficiencia administrativa, sino en la preservación de los contrapesos democráticos. Cuando la vigilancia depende del mismo poder que debe ser vigilado, la confianza pública inevitablemente se erosiona.

Por otra parte, el gobierno asegura que busca fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia; sin embargo, la paradoja radica en que será el mismo quien decida qué información se publica y cuál permanece oculta. En la práctica, la ausencia de un órgano verdaderamente autónomo abre la puerta a que los datos puedan ser alterados, seleccionados de manera discrecional o, simplemente, omitidos.

La transparencia, por más que así quieran plantearlo, no es un privilegio concedido por los gobiernos, sino un derecho conquistado por los ciudadanos. Instituciones como el INAI no fueron creadas para perseguir delincuentes, sino para impedir que la información pública permaneciera oculta. Gracias a ese derecho se conocieron numerosos casos que, de otra manera, probablemente nunca habrían salido a la luz.

Sin embargo, cualquier reforma constitucional, debería fortalecer la rendición de cuentas y no debilitarla. Centralizar funciones puede hacer más sencilla la administración, pero justo ahí radica la trampa de lo que pretende implementar Sheinbaum. Al final es un Sistema Anticorrupción de y al servicio del poder. Si la intención fuera un gobierno que deseara combatir la corrupción, permitiría la autonomía institucional. 

El comportamiento de la llamada Cuarta Transformación vuelve a reflejar una constante: el odio y menosprecio hacia las instituciones autónomas bajo el argumento de la búsqueda de una austeridad o simplificación administrativa. No obstante, la cuestión real no es cuánto cuesta mantener un órgano independiente (por supuesto habrían maneras de poder eficientar el presupuesto sin eliminar instituciones), sino cuánto le cuesta al país perder la capacidad de vigilar a quienes ejercen el poder.

Montesquieu escribió en El espíritu de las leyes: "Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder". Han pasado más de dos siglos, pero su advertencia sigue siendo tan vigente como entonces: todo gobernante debe ser fiscalizado; ninguno de ellos puede colocarse por encima de la ley y del escrutinio ciudadano.