Maru Campos: ¿traicionó a su fiscal y a la patria?

Por: Armando Guzmán Á

Entre el 16 y el 18 de abril, la política mexicana se sacudió con el desmantelamiento de un enorme narco laboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. En el operativo participaron agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA, funcionarios y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal ministerial y 73 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. La operación habría representado uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas en el país. Sin embargo, lo que parecía una victoria en materia de seguridad terminó convertido en un escándalo político y diplomático.

El desenlace fue trágico. Durante el regreso, uno de los vehículos involucrados cayó a un barranco, accidente en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses. A partir de entonces, la cuestión dejó de ser únicamente qué tan grande era el laboratorio o cuánta droga se habría evitado que llegara a las calles, sino quién autorizó la participación extranjera, bajo qué condiciones y por qué, presuntamente, no todas las autoridades federales fueron informadas.

De acuerdo con lo atribuido a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la participación de la Sedena se habría limitado a labores de seguridad perimetral y logística. Los militares, según esa versión, no habrían intervenido directamente en la planeación ni en el desmantelamiento del laboratorio. También se ha señalado que la Secretaría de Relaciones Exteriores no habría sido informada de la presencia de los agentes estadounidenses.

Si esa reconstrucción se confirma, Chihuahua tendría mucho más que explicar que una simple omisión administrativa. ¿Se organizó un operativo de esa magnitud sin transparentar la participación de una agencia de inteligencia extranjera? ¿Se ocultó información a las autoridades federales? ¿Se buscó capitalizar políticamente el resultado de una operación cuya información habría sido proporcionada por los propios estadounidenses? Y, sobre todo, ¿quién tomó las decisiones?

Hay registros que, según lo señalado públicamente, vincularían a los agentes fallecidos con acreditaciones consulares en Monterrey. Ese dato, por sí solo, no resuelve la controversia: la acreditación de una persona no equivale a una autorización para participar en una operación de seguridad. Precisamente por eso, resulta indispensable esclarecer qué permisos existían, qué sabían las autoridades y quién asumió la responsabilidad de coordinar la intervención.

La Sedena tampoco puede quedar fuera del escrutinio. Si su participación la argumentan ellos mismos como “de buena fe” y se limitó a proporcionar seguridad, corresponde explicar cómo se evaluó el operativo y qué información recibió antes de desplegar a decenas de elementos. ¿Cómo se involucró una institución federal en una acción de semejante envergadura sin que existiera absoluta claridad sobre la presencia y las funciones de personal extranjero?

Mucho se especula sobre las causas del operativo, pero, según diferentes informaciones periodísticas (entre ellas las de Ramón Alberto Garza) a Guillermo Zuany Portillo, quién era fiscal antisecuestros de Chihuahua, se le retiró la visa americana debido a que supuestamente se le detectaron varios casos de corrupción. Eso explicaría que la forma en que pretendió recuperar la confianza del país vecino y recuperar su visa, fue llevando a los agentes de la CIA al narcolaboratorio. Se presupone que el gobierno de Chihuahua y por supuesto Maru Campos, tenían conocimiento de ello. Actualmente Zuany tiene una orden de aprehensión por presunta falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Todo ello coincidiría con que el gobierno de Chihuahua habría ocultado información con tal de colgarse la medalla y vender localmente el hecho como el mayor desmantelamiento de un narcolaboratorio en México.

Pero en México la verdad suele quedar atrapada entre los intereses políticos. El combate al narcotráfico, la soberanía nacional y la cooperación internacional son asuntos demasiado serios para convertirse en instrumentos de propaganda. Y, sin embargo, eso parece ocurrir cuando la discusión pública abandona las preguntas esenciales y se transforma en una batalla para determinar quién puede etiquetar primero al adversario como traidor a la patria.

Morena ha convertido esa expresión en una de sus armas retóricas más recurrentes. Quien cuestiona al poder puede terminar señalado como enemigo; quien se opone a sus intereses corre el riesgo de ser colocado en el bando de los traidores. La paradoja es que, cuando las acusaciones involucran a una gobernadora de oposición, el discurso de la soberanía adquiere una intensidad particular, aunque la exigencia de rendición de cuentas debería ser exactamente la misma para todos.

Si hubo una colaboración irregular con la CIA, debe investigarse sin importar si los responsables pertenecen al PAN, a Morena o a cualquier otra fuerza política. Si se violaron disposiciones legales, deben existir consecuencias. Pero la responsabilidad no puede determinarse mediante consignas, filtraciones selectivas o negociaciones entre grupos de poder. La soberanía nacional no puede defenderse únicamente cuando conviene electoralmente.

Pero sumado a todo hay un componente más inquietante en este caso: la relación entre Maru Campos y César Jáuregui, su fiscal y uno de sus colaboradores políticos más cercanos.

Durante meses, la relación entre la gobernadora de Chihuahua y la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado marcada por diferencias políticas y tensiones institucionales. Por eso, cualquier acercamiento entre ambas despierta preguntas sobre el rumbo de las investigaciones y el costo político que cada una está dispuesta a asumir. La presidenta había sido renuente a reunirse con Maru Campos para tratar el tema del operativo en Chihuahua. Después de varios intentos de parte de la gobernadora por concretar un acercamiento con Sheinbaum, el 19 de septiembre pasado se dio una reunión entre las dos mandatarias con el fin de limar asperezas, hablar sobre temas de coordinación en materias de seguridad, exportación de ganado y el tratado de aguas. Esta reunión entre mandatarias, ha generado para muchas suspicacias.

Lo extraño es como hubo un cambio por parte de Sheinbaum en cuanto a dejar la hostilidad hacia Campos al grado de declarar en su mañanera del 20 de Octubre: “De la investigación de la FGR, pues el responsable directo es el (ex) fiscal. No tiene, hasta donde yo sé, (…) alguna prueba de que haya sido la gobernadora; hasta ahora es lo que conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”

En paralelo, la situación de César Jáuregui ha colocado a la gobernadora ante una disyuntiva incómoda. El fiscal ha negado haber participado en la intervención de agentes extranjeros y ha sostenido que la Fiscalía no cuenta con pruebas en su contra, mientras su defensa ha cuestionado el trato que recibe. Su abogado ha calificado de traición por parte Campos, la manera en que se estaría desarrollando el caso.

Por su parte incluso de manera discursiva, la propia Maru Campos ha dejado la defensa que había hecho anteriormente de su ex fiscal, para tomar distancia y evitar que el escándalo termine alcanzándola.

La hipótesis de que la gobernadora estuvo dispuesta a sacrificar a su fiscal para reducir su propia exposición parece ser la interpretación política

Si Jáuregui fue pieza clave de su equipo, si contó con su respaldo y si participó en decisiones que hoy están bajo investigación, la gobernadora no puede pretender que el caso se resuelva como si se tratara de un funcionario ajeno a su administración. Y si, por el contrario, considera que su fiscal actuó al margen de la ley, debe explicar qué sabía, cuándo lo supo y por qué no se actuó antes. En cualquiera de los dos escenarios, la ciudadanía merece respuestas.

En días recientes, además, el entorno político de la gobernadora se ha visto afectado por señalamientos relacionados con presunto tráfico de influencias que involucran a su hermano.

El caso de Chihuahua exhibe una contradicción que atraviesa a toda la clase política mexicana: los gobiernos suelen exigir castigos ejemplares para sus adversarios, pero se vuelven extraordinariamente cautelosos cuando las investigaciones alcanzan a los propios. La mano dura se convierte en discurso; la rendición de cuentas, en una negociación.

Si el ex fiscal Jáuregui fue responsable de alguna irregularidad, que responda ante la justicia. Si no existen pruebas suficientes, que se respete su derecho a defenderse. Pero si la gobernadora decide abandonarlo para preservar su posición, mientras guarda silencio sobre las decisiones de su administración, la pregunta sobre la lealtad dejará de ser un recurso retórico y se convertirá en el centro de la crisis.

Por supuesto que toda esta situación ha generado un gran descontento y desilusión en la oposición y el panismo, pues incluso a Maru Campos muchos la consideraban una presidenciable. El 30 de mayo pasado el panismo había cerrado filas y apoyaron a Campos protestando contra Morena en su intento mediático de incluso, llegar a hacerle un juicio político a la gobernadora por supuesta “traición a la patria”.

Ahora el panorama político en Chihuahua con miras a las próximas elecciones de 2027, pone también de manifiesto las disputas internas del panismo en donde incluso se habla que la estrategia de entregar al fiscal (quien pretendía competir por la Alcaldía de Chihuahua) permitiría dejarle el camino libre al candidato preferido de la gobernadora y actual secretario de gobierno: Santiago de la Peña. Todas estas tensiones podrían debilitar al PAN, en un estado en el que tienen aceptación del electorado, pero que sin duda, podrían ser castigados con la desconfianza del votante.

La Fiscalía General de la República debe comprobar de qué manera se puso en riesgo la soberanía del Estado mexicano, aludirá a la fracción primera del artículo 123 Fracción 1 del código penal federal que dice textualmente:

 “Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria” cuando realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a una persona, grupo o gobierno extranjero. Se trata, por tanto, de una acusación de enorme gravedad, cuya aplicación exige analizar los hechos y acreditar los elementos que establece la ley. En el caso del exfiscal de Chihuahua, está por verse si las conductas que se le atribuyen encuadran realmente en este delito o si la expresión “traición a la patria” tiene una dimensión más política que jurídica.

Corresponde a la Fiscalía General de la República determinar, mediante una investigación imparcial, pruebas suficientes y conforme a derecho, si existió una conducta constitutiva de delito. Y precisamente porque se trata de una institución federal cuya actuación también debe estar sujeta al escrutinio público, es indispensable que sus conclusiones se sostengan en evidencias y no en presiones partidistas. La participación de agentes de la CIA en un operativo en territorio mexicano merece explicaciones claras; sin embargo, ni la presencia de funcionarios extranjeros demuestra por sí misma una "traición a la patria". La soberanía nacional debe defenderse con la ley, no mediante condenas anticipadas dictadas desde una tribuna política en palacio nacional.

En el caso de Morena y sus contradicciones, siempre han pretendido erigirse en juez de quién es patriota y quién es traidor, como si la patria tuviera dueño y ese dueño fuera el partido en el poder. Están ávidos de buscar "traidores". En el caso de Chihuahua, la acusación de traición a la patria se ha convertido en un arma de confrontación política que amenaza con desplazar lo verdaderamente importante: ver los beneficios del desmantelamiento del laboratorio, esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y demostrar si de algún modo hubo una violación a la soberanía nacional. Porque si algo ha demostrado la política mexicana es que el discurso cambia cuando las investigaciones alcanzan a los propios. Morena exige explicaciones y señala a sus adversarios, pero ¿con qué autoridad moral lo hace cuando los señalamientos involucran a personajes de sus propias filas?...