Mentiras, Soberanía y Traición a la Patria

 

Por: Armando Guzmán A.

Existe una famosa frase comúnmente atribuida al despreciable propagandista nazi Joseph Goebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Aunque no hay registros de que la haya dicho exactamente así, lo que sí está documentado es que, al referirse a la propaganda británica, escribió que supuestamente esta, seguía el principio de “mentir en grande y aferrarse a la mentira, incluso a riesgo de quedar en ridículo”.

La mentira nunca ha sido ajena a la política. Pero hoy, en México, Morena y la llamada Cuarta Transformación parecen haber perfeccionado el arte de la mentira y la simulación. El discurso de “no mentir, no robar y no traicionar” terminó reducido a lo que siempre fue: un eficaz eslogan electoral, no un principio moral de gobierno aplicado a la administración pública.

Las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros 9 personajes cercanos a Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico representan uno de los golpes políticos más delicados para el oficialismo. No solo por la gravedad de los señalamientos, sino porque exhiben las contradicciones de un movimiento que construyó su legitimidad sobre una supuesta superioridad ética frente a sus adversarios.

Y frente a ello, Claudia Sheinbaum no ha actuado como una verdadera estadista interesada en un esfuerzo real (no únicamente discursivo) por combatir la corrupción y esclarecer los hechos  (aun cuando ello implicaría investigar a miembros de su propio movimiento), por el contrario, ha optado por cerrar filas, defender políticamente a Rocha Moya y desplazar deliberadamente la conversación pública hacia un terreno emocional y nacionalista: soberanía, traición a la patria y conspiraciones extranjeras que buscan tirar su movimiento.

Entre sus artimañas para desviar la atención, Morena y el gobierno federal han intentado aprovechar y colocar en el centro del debate el caso de Chihuahua, donde se acusa a la gobernadora Maru Campos de haber "violado la soberanía nacional" al permitir la participación de agentes estadounidenses en operativos contra narcolaboratorios.

La presencia y colaboración de agencias estadounidenses en México no comenzó con este caso ni con el actual gobierno. Durante décadas han existido distintos niveles de cooperación entre autoridades mexicanas y organismos como la CIA o la DEA en tareas de inteligencia y combate al narcotráfico. Lo que realmente tendría que aclararse es bajo qué términos intervinieron en el operativo de Chihuahua y cuál era el estatus oficial de los agentes estadounidenses que participaron .

El abogado penalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriel Regino, explicó en entrevista que el narcotráfico es un delito del fuero federal, por lo que cuestionó por qué la Fiscalía General de la República no detectó ni combatió esos laboratorios antes de que intervinieran autoridades estatales. Además, recordó que, de acuerdo con testimonios, el propio Ejército Mexicano acompañó el operativo realizado.

Es decir, todas las autoridades tienen la obligación de combatir al crimen organizado. Si el gobierno estatal actuaba, Morena lo acusaría de excederse; si no actuaba, se le habría acusado de omisión.

También se desmonta la acusación de “traición a la patria”. Jurídicamente, explicó que dicho delito exige la intención comprobada de poner en riesgo la soberanía y la estabilidad de toda la nación, no solo de un estado. Tampoco lo es la simple colaboración operativa en un caso específico de seguridad. En todo caso, podrían existir responsabilidades administrativas o faltas relacionadas con el ejercicio del servicio público, pero no el delito que Morena intenta instalar propagandísticamente.

Aun así, el sábado pasado Morena convocó a una marcha contra Maru Campos en Chihuahua, supuestamente “A favor de la soberanía nacional y para buscar desaforarla”. Según estimaciones serias, asistieron alrededor de tres mil personas, incluyendo contingentes trasladados desde otros estados. Una movilización más propagandística que ciudadana. La "cosa" no salió bien que hasta “Andy” López Beltrán fue abucheado por varias personas.

Mientras tanto, Sheinbaum insistía en la narrativa patriótica. En su Mañanera aseguró que no veía riesgo alguno de que Morena pudiera ser señalado internacionalmente por vínculos con organizaciones criminales. El fin de semana en Mérida, lanzó una frase cuidadosamente diseñada para alimentar el nacionalismo político: “Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria… aquí no mandan intereses extranjeros”.

El problema es que el “patrioterismo” utilizado como cortina de humo tiene límites. Porque defender la soberanía nacional nada tiene que ver con proteger políticamente a funcionarios señalados por presuntos vínculos criminales. Bajo esa lógica, habría que preguntarse si las extradiciones de capos realizadas en gobiernos anteriores también representaban una “entrega” de la soberanía mexicana.

La estrategia de distracción no termina ahí. Sheinbaum insinuó que si realmente hubieran existido irregularidades en la elección sinaloense de 2021 (que según ella no las hubo) el responsable sería el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, "quién no presentó ninguna prueba que pudiera invalidar esa elección", "siendo el mismo INE quién la validó". Es claro que la mentira de la Presidenta se desploma por completo: el INE no valida elecciones locales. Esa responsabilidad corresponde a los organismos electorales locales y a los tribunales estatales.

Por supuesto que fueron presentadas varias denuncias de violencia electoral, robo de paquetes y presiones criminales en Sinaloa, pero recordemos que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) estaba encabezada entonces por José Agustín Ortiz Pinchetti, un cercano a Morena. Además, la oposición solicitó la nulidad de aquella elección, pero el Tribunal Electoral de Sinaloa decidió validarla bajo el argumento de que “las irregularidades no fueron determinantes”.

El dato políticamente más incómodo es este: la magistrada que presentó el proyecto de validación era hermana de Enrique Inzunza, mano derecha y operador político de Rocha Moya, hoy senador de Morena y también acusado por Estados Unidos.

Después de todo, la responsabilidad es de Morena por haber postulado perfiles cuestionados y después intentar blindarlos desde el poder.

Mientras el gobierno sigue exigiendo “pruebas, pruebas y más pruebas” para Rocha Moya, la Unidad de Inteligencia Financiera ya le congeló sus cuentas bancarias y, aunque Sheinbaum lo niegue, todos sabemos que eso ocurre cuando alguien es sometido a investigaciones por delitos.

Cada día se desmorona más la supuesta inocencia de los implicados en el caso Rocha Moya. Hace unos días, el general Mérida Sánchez se entregó en el puesto fronterizo de Arizona a las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de obtener los beneficios de ser considerado testigo cooperante. A él se suma Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quien también decidió entregarse a la justicia estadounidense.

¿Sería lógico que personas realmente inocentes aceptaran entregarse solo por "gusto" ante autoridades estadounidenses por acusaciones relacionadas con narcotráfico? Por supuesto que no.

Al final, el problema no es solamente Rocha Moya ni los personajes cercanos a Morena hoy señalados. El problema de fondo es un gobierno que decidió sustituir la verdad por la propaganda y la rendición de cuentas por el control de la narrativa. Por eso hablan de soberanía cuando deberían hablar de legalidad. 

Y quizá ahí se encuentra la mayor tragedia democrática de nuestro tiempo: no en que existan políticos dispuestos a mentir, sino en que desde el poder se intente convertir la mentira en política de Estado.

Ningún discurso nacionalista puede ocultar indefinidamente los hechos. Las investigaciones avanzan, los nombres se acumulan y las contradicciones se vuelven cada vez más difíciles de sostener.

La soberanía no se defiende ocultando investigaciones incómodas ni convirtiendo en “traidores” a quienes exigen explicaciones. Esta se defiende con instituciones fuertes, con legalidad y con gobiernos capaces de investigar (aquí mismo en México) incluso a los suyos. Soberanía no es de ninguna manera un sinónimo de impunidad. ¿Cuándo ha estado dispuesta la 4T a permitir que las instituciones de justicia sean verdaderamente autónomas para que las investigaciones sean imparciales y objetivas? Nunca.

La historia demuestra que los gobiernos comienzan a debilitarse cuando dejan de distinguir entre lo que es realmente para el bien de un país y lo que únicamente es protección mafiosa a su grupo político.

Se acercan fuertes turbulencias para Morena, los "vientos del norte" demuestran que esto solo es el comienzo…

“La verdad es hija del tiempo, no de la autoridad.”

 Francis Bacon